La legislación en sanidad vegetal no debe entenderse como una carga, sino como una herramienta para proteger los cultivos y al propio agricultor. En Andalucía, normas como el Decreto 96/2016 establecen un marco que ordena la prevención, la vigilancia y la gestión integrada de plagas, permitiendo actuar de forma coordinada ante riesgos fitosanitarios. Casos recientes como el escarabajo de la ambrosía en aguacate o la avispilla del almendro ponen de manifiesto la importancia de detectar a tiempo y aplicar medidas comunes para evitar su propagación. La ley facilita esa respuesta conjunta, reduce daños y evita que problemas localizados se conviertan en crisis generalizadas. Entendida así, la normativa no es una imposición, sino una aliada que ayuda a anticiparse, mejorar la toma de decisiones y proteger la viabilidad de las explotaciones.
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