CONTRATOS TERRITORIALES
Haciendo caso omiso de las peticiones del sector que reclamaban la retirada de esta figura de la Ley de Desarrollo Rural
EL MARM APRUEBA EL REAL DECRETO QUE REGULA LOS CONTRATOS TERRITORIALES, CON LAS GRAVES REPERCUSIONES QUE ESTO TENDRÁ PARA EL SECTOR AGRARIO
La medida reclamada por las asociaciones medioambientalistas supone hipotecar aún más a los productores agrarios
Jaén, 3 de octubre de 2011.- El consejo de ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto por el que se regula el contrato territorial de explotación como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural. ASAJA considera que esta aprobación es una pésima noticia para el sector ya que con este nuevo requisito legislativo se incrementan las cargas burocráticas y medioambientales para los productores, no se aporta nada nuevo y se abre la puerta a un claro peligro de vinculación de estos contratos con las ayudas de la PAC que reciben los productores.
La ineficacia de este tipo de contratos, que en el último minuto se ha propuesto poner en marcha el gobierno de Rodriguez Zapatero, ha quedado patente en países de nuestro entorno comunitario como es el caso de Francia donde su implantación resultó un autentico fiasco y finalmente se vieron obligados a retirarlos ya que suponía mayores costes y mayor complejidad para los productores.
En España este tipo de contratos no se ha llevado nunca a la práctica, no obstante, la Ley 45/2007 sobre desarrollo sostenible del medio rural sí los contempla, en su artículo 16; destacando que la citada norma es una Ley no agraria. Es la presión ejercida por las organizaciones medioambientalistas, muy distantes de los intereses reales de los agricultores y ganaderos, las que pretenden que se utilice la figura de los Contratos Territoriales de Explotación para “reverdecer” la propia PAC en aspectos que van mucho más allá de la Ley de desarrollo sostenible del medio rural, y abogan porque el agricultor suscriba nuevos compromisos de carácter medioambiental.
Desde ASAJA entendemos que no tiene ningún sentido implementar ahora en España este tipo de contratos ya que, por un lado, han fracasado fuera y, por otro, no aportan ningún valor añadido para el agricultor y ganadero. Si se trata de aprobar un contrato nuevo hay que recordar que los agricultores y ganaderos ya suscriben contratos de muy distinta índole cada vez que solicitan ayudas a Bruselas
Los estándares medioambientales con los que cumplen los agricultores españoles son ya suficientemente elevados, pero además, muchos agricultores españoles han suscrito voluntariamente, dentro de los programas de desarrollo rural, compromiso plurianuales más exigentes, como son las medidas agroambientales o las ayudas a zonas desfavorecidas y otros contratos de carácter anual como es el caso de la Solicitud de Pago Único (que además integra la solicitud de todas la medidas), por lo que ASAJA rechaza más compromisos medioambientales y más burocracia.
Ni siquiera este instrumento legal que apresuradamente se aprueba ahora ha contado con la garantía demandada por ASAJA y que el ministerio se comprometió a presentar y que no era otra que un informe de la abogacía general del estado por si existiera algún peligro de que el cobro de las ayudas que reciben los productores españoles pudiera quedar vinculado a la existencia de estos contratos territoriales. Inexplicablemente, cuando ni siquiera tenemos clara cual será la postura que defenderá España de cara las negociaciones de la reforma de la PAC con este R.D. estamos vinculando las futura ayudas que recibirán nuestros productores a un contrato inútil pero que mucho nos tememos que tenga graves repercusiones para los agricultores y ganaderos.
Descargue el audio de Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén
APROBADA LA LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS
El Congreso de los diputados aprobó el pasado 22 de septiembre, de forma definitiva y
por unanimidad, la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias,
un marco legal promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino destinado a favorecer la igualdad efectiva de género en el medio rural
mediante el reconocimiento jurídico y económico de la participación en la
actividad agraria, en cuya elaboración han participado los Ministerios de Justicia,
Economía y Hacienda, Sanidad, Política Social e Igualdad y Trabajo e
Inmigración.
En la actualidad más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones
agrarias familiares son mujeres, pero en el 71,19 por ciento de los casos los titulares de
las explotaciones son hombres, figurando las mujeres en la categoría de “ayuda
familiar”. El desarrollo de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias supone
dejar de lado el concepto de “ayuda familiar” y reconocer plenamente el trabajo y
responsabilidades de gestión de cónyuges y parejas de hecho de la persona titular,
ofreciéndoles la posibilidad de ser copartícipes no sólo del trabajo, sino de la gestión de
cara a la Administración, así como de extender los beneficios en la cotización a la
Seguridad Social a las personas que ostenten dicha cotitularidad.
La constitución de la titularidad compartida de una explotación agraria no altera el
régimen jurídico de los bienes y derechos que la conforman ni el régimen jurídico
matrimonial o pactos patrimoniales de las parejas de hecho ni el régimen sucesorio.
La Ley ofrece entre otros beneficios la posibilidad de que la administración,
representación y responsabilidad de la explotación pueda ser ejercida por ambas
personas titulares, por otra parte todo cónyuge menor de 50 años que se constituya
como titular de una explotación agraria con titularidad compartida, tendrá derecho a una
reducción del 30% en la cuota a la Seguridad Social durante 5 años. Todas las
subvenciones, ayudas directas y ayudas de Desarrollo Rural corresponderán por mitades
iguales a ambos titulares y ambos serán beneficiarios directos de las ayudas
correspondientes al pago único de la PAC, teniendo las personas cotitulares derecho
preferente sobre las actividades de formación y asesoramiento en materia de agricultura.
También se otorga a las explotaciones de titularidad compartida la condición de
prioritarias, siempre que al menos uno de los dos titulares cumpla con todos los
requisitos que establece la Ley 19/1995 para ser titular de una explotación prioritaria y
que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la explotación no supere en un 50 por
100 el máximo de lo establecido en la legislación correspondiente para las explotaciones
prioritarias.
CONSTITUCIÓN DE LA TITULARIDAD COMPARTIDA
Para que la titularidad compartida produzca estos efectos jurídicos, será precisa su
inscripción previa en el Registro de Titularidad Compartida que establezca cada
Comunidad Autónoma. Luego será ésta quién comunique al Ministerio de Medio
Ambiente y medio Rural y Marino aquellos registros que se vayan produciendo. La ley
también establece que toda titularidad compartida deberá tener un NIF que les asignará
la Agencia Tributaria correspondiente.
En cuanto a los requisitos, las personas que quieran acceder a la titularidad compartida
deberán estar dadas de alta en la Seguridad Social; ejercer la actividad agraria y trabajar
en la misma de modo directo y personal tal y como está definido en la Ley 19/1995, de
4 de julio y residir en el ámbito territorial rural en que radique la explotación
El nuevo marco legal hoy aprobado también contempla otras opciones a la titularidad
compartida, así, para aquellas parejas que deseen crear una figura societaria, se recoge
la posibilidad de constitución de sociedades de responsabilidad limitada de las previstas
en el artículo 5. 2 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre. Estas sociedades
son las más rápidas de constituir y a menor coste.Para ello el Ministerio de Justicia
facilitará unos Estatutos tipo que simplifiquen aún más su constitución.
El régimen de titularidad compartida que se establece en la ley no es de aplicación, sin
embargo, a estas sociedades de responsabilidad limitada.
Cuando las personas que colaboran activamente en la explotación agraria no reciban
pago o contraprestación alguna tendrán derecho a una compensación económica tras
acreditar su colaboración efectiva en la explotación. Dicha colaboración se considerará
automáticamente en el caso de matrimonios cuyo régimen económico sea el de
gananciales.
El cálculo de dicha compensación se hará en base al valor real de la explotación agraria,
el tiempo efectivo y real de colaboración en la actividad agraria y la valoración de la
actividad en el mercado.
ASAJA-JAÉN APLAUDE LA APROBACIÓN DEL ALMACENAMIENTO PRIVADO, AUNQUE LLEGUE TARDE.
Tras conocer la noticia de la inminente aprobación del Almacenamiento Privado, el gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero, considera que es una medida “tardía”, pero que “al menos, ha llegado”..
La organización confía en que con el almacenamiento se recuperen los precios para los últimos días de campaña y, lo que es más importante, que la próxima recogida comience con mejores precios para el aceite.
Valero lamenta que el anuncio de Bruselas haga referencia únicamente a los aceites vírgenes y deje fuera a los lampantes, que también sufren desde hace meses la venta a precios irrisorios, muy por debajo de los costes de producción.
ASAJA-Jaén recuerda que lleva meses luchando para que se active esta medida europea, la única de la que se dispone para solucionar la crisis de precios a corto plazo. Aun así, insiste en que, a largo y medio plazo, es necesario un plan de mayor envergadura para solucionar los problemas estructurales del sector. En este sentido, aplaude las palabras del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, que ya ha hablado de medidas de choque para solventar dichos problemas esctructurales.
BRUSELAS ACTIVA EL ALMACENAMIENTO PRIVADO
BRUSELAS, 29 Sep. (EUROPA PRESS) –
La Comisión Europea ha aceptado iniciar el procedimiento para autorizar las ayudas a los productores para el almacenamiento privado de aceite de oliva que España reclama desde hace tiempo. La medida se pondrá en marcha en las próximas semanas, durante un periodo de seis meses y para una cantidad máxima de 100.000 toneladas, han informado fuentes comunitarias.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha confirmado la decisión mediante un comunicado. "He decidido tomar esta medida para ayudar al sector a afrontar algunos de sus problemas a corto plazo. Autorizando un periodo de almacenamiento de seis meses, creo que no perjudicaremos al mercado en el inicio de la nueva temporada", ha declarado el comisario.
"Al mismo tiempo, tendremos que examinar en el medio y largo plazo los problemas estructurales y volveré con un plan de acción concreto en las próximas semanas", ha añadido.
Bruselas ha comunicado su decisión a los Estados miembros en una reunión del comité de gestión competente y la ha explicado como una medida por "la caída de los precios en semanas recientes", en concreto el del aceite de oliva virgen en España, indican las fuentes.
Podrán acogerse a la medida productores de aceite de oliva virgen de todos los Estados miembros hasta alcanzar un máximo de 100.000 toneladas, durante un periodo de almacenamiento de seis meses. Así, el producto retirado para tratar de levantar los precios no podrá volver al mercado hasta después de que concluya la actual cosecha 2011/2012.
La decisión comunicada este jueves a los expertos de los Estados miembros debe ser aún formalizada, lo que ocurrirá "en breve", una vez que se cumplan los procedimientos internos necesarios, indican las fuentes.
LA LEY DEL OLIVAR VA AL PARLAMENTO COMO UN DOCUMENTO VACÍO DE CONTENIDO Y SIN PRESUPUESTOS
La Ley del Olivar atesora todos los méritos para haber quedado relegada en el cajón del olvido
LA LEY NO RESUELVE NINGUNO DE LOS GRAVES PROBLEMAS QUE PADECE HOY EL OLIVAR ANDALUZ.
ASAJA-Andalucía lamenta que la Consejería de Agricultura haya centrado su tiempo y su energía en preparar, redactar y elaborar un texto totalmente inútil, que no resuelve ninguno de los problemas del sector del olivar, y haya postergado asuntos de tanto calado como la defensa de Andalucía en las negociaciones de la reforma de la PAC o los planes de reestructuración del olivar de molino y de la aceituna de mesa
Sevilla, 28 de septiembre de 2011.- Pese al rechazo con que fue recibida en el Parlamento, donde tanto el PP como IU presentaron enmiendas a la totalidad, pese al voto en contra de los agentes económicos y sociales en el Comité Económico y Social de Andalucía, pese al tremendo varapalo con que el texto fue despachado por el Consejo Consultivo de Andalucía, que rechazó la redacción de 15 de los 39 artículos y señaló que muchos de sus preceptos estaban “vacíos de contenido”, y pese al amplio rechazo de la mayor parte de los olivareros andaluces y de ASAJA-Andalucía, el Parlamento Andaluz aprobará previsiblemente hoy la denominada Ley del Olivar.
Parece que con la aprobación de una Ley en cuyo enunciado figure la palabra “olivar” el Ejecutivo de Griñán y en especial su consejera de Agricultura, Clara Aguilera, pretenden justificar la pésima gestión que han desarrollado a lo largo de la legislatura sobre todo lo relacionado con este sector, el más emblemático de la agricultura andaluza, que ha carecido de apoyo para emprender el necesario Plan de Reestructuración, para lograr que Bruselas diera su visto bueno a la puesta en marcha el sistema de almacenamiento privado y para encontrar alguna solución a su principal problema: el hundimiento de los precios en origen del aceite y de la aceituna de mesa y la falta de instrumentos de regulación de mercados. Ninguna de estas medidas se ha puesto en marcha y el sector sobrevive gracias a las ayudas de la PAC, que generan más del 40% de la renta de los olivareros y son las que hasta ahora han permitido que continúen con su actividad, pero que en este momento penden de un hilo y pueden verse drásticamente recortadas si en la reforma de la PAC se establece una “tasa plana”, por lo que es necesario que el Ejecutivo andaluz escuche a sus agricultores y haga valer las características propias de su agricultura ante el Gobierno de España y ante la CE.
Esta es la batalla que debe dar Griñán y su Ejecutivo por los olivareros y por todos los agricultores andaluces. En esta batalla es en la que está en juego el futuro del olivar andaluz. Si el Gobierno andaluz no logra que dentro de la nueva PAC se establezcan criterios de diferenciación en función del potencial productivo de las distintas comarcas agrarias, los olivareros andaluces perderán 625 millones de euros, entre el 75 y el 80% de las ayudas que ahora reciben.
Ninguno de estos temas se resuelve en el texto que previsiblemente aprobará hoy el Parlamento, por cuanto la denominada Ley del Olivar no deja de ser un “bla, bla, bla,” innecesario (porque nadie la había reclamado), inútil (porque no aporta nada nuevo), vacío de contenido (porque todo lo deja a la redacción posterior de un Plan Director) y carente de sentido, que tan sólo ha contribuido a “marear la perdiz” y provocar que la Administración y los agentes sociales perdamos el tiempo y dilatemos las soluciones a los problemas reales que afectan al olivar andaluz y a los agricultores y los más de 600 municipios que dependen de este cultivo, que atraviesa una grave crisis cuyas soluciones no van a venir de la mano de esta Ley.
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