La Policía Nacional está investigando el hackeo a una empresa contratada por la Consejería de Agricultura que maneja datos de beneficiarios de ayudas directas de la PAC entre los años 2005 y 2012 y en 2016, tal y como recoge ABC Andalucía. «En ningún caso, afectaría a los pagos» y el acceso «indebido a los datos no ha afectado a la Junta de Andalucía, que ha establecido medidas de monitorización estrictas sobre sus actividades para detectar posibles actuaciones sospechosas o maliciosas».
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