La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha defendido en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios la “necesidad” de una bajada de impuestos que dé “oxígeno” al sector agrario ante la desorbitada subida de costes de producción. La titular del ramo ha trasladado la posición consensuada previamente con las organizaciones profesionales agrarias, entre las que se encontraba Asaja, reclamando como una prioridad que el Gobierno destine más fondos del Next Generation al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Crespo ha concluido que la bajada de 20 céntimos en los carburantes es insuficiente y ha reclamado al Ministerio, entre las principales demandas de Andalucía, una bajada fiscal a través de una desgravación especial de la energía, el gasóleo, los piensos, los fertilizantes y los plásticos para el sector agrario. De esta forma, se persigue que los agricultores y los ganaderos compensen parte de una subida generalizada de los costes que pone en serio riesgo la rentabilidad de una actividad que en el caso de la comunidad andaluza supone el 11% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 10% del empleo. España va a recibir de Europa 70.000 millones de euros en transferencias hasta 2026 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por ello Crespo ha incidido en que el Ministerio de Agricultura debe recibir mucho más de lo inicialmente fijado. “No puede ser que solo cuente con 1.000 millones de euros del Next Generation, mientras que Transición Ecológica se lleve 14.000 millones de euros”, ha enfatizado.
El Gobierno andaluz tiene claro que “no es el momento de establecer más cargas que limitan” a un sector que ha sido un ejemplo durante la pandemia y que en comunidades como Andalucía es uno de los ejes sobre los que pivota la economía. “Consideramos que es necesario adecuar la nueva PAC a la situación de excepcionalidad, de forma especial en la aplicación de los ecoesquemas. Los agricultores y los ganadores andaluces son ejemplo de aplicación de prácticas sostenibles. De hecho, la superficie ecológica ya se encuentra en el 29,7%, pero implantar ahora las estrategias De la granja a la mesa y la Biodiversidad supondría recortar en un 10% la competitividad del sector”, ha añadido.
Perjudicial reparto de las ayudas a la leche
La consejera ha agradecido que se pongan en marcha ayudas “absolutamente imprescindibles” para la subsistencia de agricultores y ganaderos, pero ha exigido un reparto “justo y equitativo”. Es decir, una distribución del fondo de crisis (193 millones de euros), similar al que ha hecho la Unión Europea con los Estados miembros, lo que supone que a Andalucía llegue un 29,5% del presupuesto. “No se trata solo de paliar los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino de dar una respuesta a la crisis por una subida desorbitada de los costes de producción y por la sequía que castiga de forma especial a Andalucía”.
En este mismo sentido, Crespo ha expuesto la preocupación del sector de la leche. “El sistema fijado por el Gobierno para el reparto de 160 millones de euros en ayudas nos perjudica al no tener en cuenta el modelo productivo de leche de Andalucía. El reparto que hace el Ministerio, sin previa negociación, penalizará en 3.900 euros de media a las explotaciones de leche de vacuno y en 1.000 euros a las de caprino de leche”, ha explicado.
Desde Andalucía, por último, se insiste en la conveniencia de recuperar la doble tarifa eléctrica para regadíos, como se acordase en 2018, al tiempo que se insiste en proteger la soberanía alimentaria a través del concepto de preferencia comunitaria y la aplicación de las cláusulas espejo para evitar la competencia desleal de terceros países.
Ayudas de la Junta
La consejera ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz para responder a una situación límite como la que vive el sector agrario. Así, el próximo lunes se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto-ley aprobado el pasado martes en el Consejo de Gobierno y que incluye medidas de emergencia y urgencia para paliar la sequía y la crisis de costes de producción en los sectores agrícola, ganadero y pesquero. “Invertimos hasta 125 millones de euros más en infraestructuras hidráulicas, que se suman a los 18 millones que ya se ejecutan, y que permitirán ampliar los recursos hídricos disponibles en 120 hm³ gracias a las aguas regeneradas, desaladas y subterráneas”.
Además, según ha destacado Crespo, con esta ampliación del decreto “aplicamos bonificaciones y exenciones de tasas a agricultores y pescadores hasta alcanzar un total de 141,5 millones de euros” para ayudar al sector primario “a salir adelante ante una situación que requiere del apoyo máximo de todas las administraciones”. A este respecto, la consejera ha puesto el acento en las ayudas que se van a convocar destinadas a inversiones para reducir las consecuencias de la sequía en la ganadería a través de balsas, cubas de agua y construcción de abrevaderos. La dotación presupuestaria inicial es de 2 millones de euros y permitirá subvencionar hasta el 80% de la inversión, dando prioridad a la ganadería extensiva, con una cuantía máxima por beneficiario de 40.000 euros.
