ASAJA estuvo presente ayer en el palacio de San Telmo la firma de una declaración institucional respaldada por todas las organizaciones agrarias representativas (Asaja, COAG y UPA) y por la Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, en la que se fija de manera unitaria la posición de todo el sector andaluz ante la Política Agrícola Común (PAC) post 2020, que se aplicará entre 2021 y 2027 pero cuya negociación ya está en marcha.
En el acto de firma estuvo presente el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, así como los máximos responsables regionales de Asaja y del resto de organismos y que rubricaron un texto en el que se recuerda que “la aplicación de la PAC en Andalucía ha permitido mantener a la población ligada al territorio”.
La declaración lamenta que, pese a su importancia, la reciente publicación de la propuesta de marco financiero comunitario “ha puesto de manifiesto que la PAC es para Europa una política en regresión, donde se disminuye el presupuesto, pero paralelamente se suben las exigencias que los agricultores y ganaderos tienen que cumplir para poder acceder a la misma”.
La declaración institucional defiende como prioridad contar con “un presupuesto suficiente para una PAC fuerte”, sentido en el que se rechaza el recorte del 16% en precios constantes (teniendo en cuenta la inflación) que plantea la Comisión Europea. “Este mantenimiento del presupuesto debe reflejarse luego, a su vez, en el ámbito nacional, impidiendo trasvases de fondos entre territorios y dotando de estabilidad y certidumbre a los agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias andaluzas”, añade.
Asimismo, se reclama una simplificación de la Política Agrícola Común, que “debe tener una especial atención a las pequeñas explotaciones, guardando un equilibrio entre la cantidad percibida y las condiciones exigidas”. Junto a ello, se apuesta por “el mantenimiento del nivel de renta del sector agrario, y para ello son indispensables las ayudas directas del primer pilar” y los pagos asociados para los sectores agrícolas y ganaderos más vulnerables y de importancia social, económica y medioambiental, además del mantenimiento de las políticas de apoyo a los Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH).
En cuanto a las ayudas directas, “deben destinarse a quienes realizan actividad agraria y cumplen con los objetivos de la PAC, tanto a la agricultura profesional como a los agricultores pluriactivos, ya que ambos juegan un papel fundamental en el mantenimiento del mundo rural”. También se insta a establecer medidas de apoyo para impulsar como prioridades tanto el relevo generacional como la participación de las mujeres en la actividad agraria.
Además, debe “contribuir a un sistema agroalimentario inteligente, innovador, a facilitar su digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías y a mejorar la formación y el asesoramiento de agricultores y ganaderos”. A esto habría que sumar medidas de apoyo a la modernización, la incorporación de energías renovables y la transformación en regadío de zonas donde existan recursos suficientes, sentido en el que se resalta que “la eficiente gestión del agua que se realiza en regiones como Andalucía es fruto de un esfuerzo inversor constante y de la concienciación de nuestros agricultores y ganaderos”.
El documento recoge también que la normativa de regulación de las prácticas comerciales desleales “debería de ser de aplicación directa y obligatoria en toda la UE”, con una mejora además de los mecanismos de reserva de crisis. A esto se une, en otro sentido, que “el esfuerzo adicional en las regiones especialmente vulnerables al cambio climático, como Andalucía, debe ser compensado”, ya que la agricultura y la ganadería son algunas de las actividades más perjudicadas por los efectos adversos de este fenómeno, “pero a la vez forman parte de la solución al problema”. Por ello, se hace un llamamiento a que la futura PAC “incluya entre sus objetivos la lucha contra la desertificación y la erosión como uno de los problemas que afectan al sur de Europa”.
Por último, en la declaración se subraya que la Política Agrícola Común juega un papel fundamental para el mantenimiento de la población rural en el campo y la lucha contra el reto del despoblamiento. Para ello, “la creación y el mantenimiento del empleo agrario deben seguir siendo un elemento esencial en el diseño de la PAC” y es “imprescindible” el mantenimiento de la iniciativa Leader”, para así impulsar el desarrollo de un medio rural que “debe poseer un nivel de servicios públicos y privados que lo hagan atractivo para su población”.
