El sector pide al Consejo de ministros de Medio Ambiente de la próxima semana que modifique la propuesta aprobada por el Parlamento Europeo la pasada semana. El nuevo texto de las normas de la UE sobre las emisiones generadas por las instalaciones industriales afectará negativamente a más granjas porcinas y avícolas de pequeño y mediano tamaño, es decir, al modelo de producción familiar. En la actualidad la normativa de emisiones afecta unas 6.500 de las 82.000 granjas de porcino existentes en España. Se trata de granjas con más de 750 reproductoras o 2.000 plazas de cebo (a partir de 30 kg). Sin embargo, la reducción de límites de tamaño de granjas de porcino propuesto por la UE para incluirlas en el ámbito de aplicación de la Directiva de Emisiones va a afectar a las granjas de más de 150 reproductoras o más de 1.160 plazas de cebo (a partir de 30 kg), en el caso de porcino. Mientras que, para las granjas productoras de huevos, el nuevo límite se establece en 21.400 gallinas ponedoras, frente a las 40.000 de las normas actuales, lo que afectará 313 operadores que representan el 98% del censo de gallinas ponedoras.
El sector porcino y el avícola son los dos únicos sectores ganaderos obligados a aplicar las medidas de reducción de emisiones derivadas de la Directiva Europea. Entre 1990 y 2021 el sector porcino ha reducido un 42,9% de GEI, según datos del informe de emisiones del Ministerio de Transición Ecológica. Este esfuerzo para lograr la reducción de emisiones ha tenido una insignificante repercusión en España, dado que las emisiones de porcino en el conjunto de GEI del país suponen poco más del 2% en el porcino y menos del 0,5% en la avicultura.
Esta presión normativa tendrá un gran impacto sobre la viabilidad y rentabilidad de las granjas de pequeño y mediano tamaño, que deberán necesitar una autorización ambiental integrada, con unos costes administrativos anuales de 3.000 €. Además, la aplicación de reformas estructurales en las granjas para aplicar las MTD obligatorias (Mejores Técnicas Disponibles) supondrán unas modificaciones que harán inviable su amortización y provocarán el cierre inminente de muchas granjas.
La UE plantea también en su nuevo texto que cualquier ampliación o cambio sustancial en las granjas se someta a consulta pública. Para el sector es una oportunidad para que grupos contrarios a la ganadería impidan esas autorizaciones calificándolas como “macrogranjas”, cuando en la mayor parte de los casos se trata de granjas familiares. Eso supondría que se podrían negar las autorizaciones administrativas para que se realicen las adaptaciones necesarias para adaptarse a las normas que la UE tiene previstas modificar, como las de bienestar animal, entre otras. En este sentido hay que recordar que las granjas avícolas están realizando un esfuerzo ingente para la transformación del sistema de jaulas acondicionadas a sistemas alternativos.
