Según el último informe de actividad de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), que recoge Agropopular, a lo largo del año 2021 se impusieron 580 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria. Casi el 21% de esas sanciones se debió a la falta de indicación expresa en los contratos de que el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción. Se trata de las primeras multas por ese motivo, que se introdujo en la normativa en 2020. No obstante, el motivo más frecuente de las sanciones sigue siendo el incumplimiento de los plazos de pago (54,4% del total).
Por sectores, cerca del 54% de las sanciones impuestas recayó en el sector de frutas y hortalizas, seguido del lácteo y el vitivinícola.
De acuerdo con el informe, la AICA llevó a cabo en 2021 un total de 1.204 inspecciones de oficio, la mitad en el sector de los cereales, aunque hay que destacar también las efectuadas en el de frutos secos. Por otro lado, se presentaron ante el organismo 76 denuncias, de las que se investigaron las 37 que cumplían con los requisitos para ello
En total, desde su entrada en funcionamiento en 2014, la AICA ha realizado 5.788 inspecciones de oficio y ha recibido 434 denuncias. Las investigaciones abiertas han dado lugar a la imposición de más de 3.000 sanciones por un montante de 12,84 millones de euros.
La mayor parte de las sanciones (el 63% del total) han recaído en la distribución comercial minorista (8,04 millones de euros), seguida de lejos por los mayoristas (2,5 millones) y la industria alimentaria (2,2 millones). Las sanciones impuestas a productores en todo ese período suman 77.218 euros. El número de empresas sancionadas en ese período es de 1.187 (217 en 2021).
