Miles de agricultores llevan dos semanas en la calle para alertar de la situación crítica que vive el sector y pedir soluciones «urgentes». Como publica la periodista Natalia Ortiz en ABC, una de las grandes reivindicaciones es la reducción de la burocracia que, aseguran, ahoga al agricultor y le impide llevar a cabo su actividad diaria de una forma eficiente. «Cada vez nos pasamos más tiempo en el despacho y menos en el campo, es insostenible», aseguraban muchos de los manifestantes de las protestas de los últimos días. También desde ASAJA-Sevilla han reiterado en numerosas ocasiones que «el exceso de burocracia» a todos los niveles condiciona la labor del campo, tanto en el marco de la PAC como en el resto de normativa.
Y los datos atestiguan que los agricultores no van desencaminados
cuando reclaman simplificación administrativa. Según un estudio elaborado por el economista del Banco de España Juan S. Mora-Sanguinetti y su equipo, publicado en el Journal of Regulatory Economics, y que puede consultarse en la página web del propio banco nacional, en España se han aprobado 414.272 normativas diferentes desde que empezó la democracia, más de 206.000 en el periodo estudiado. 1995-2020. Este ingente número tiene un sector especialmente perjudicado, el de la agricultura, que ha tenido que ceñirse a 1.300 nuevas normas anuales, seguida de la construcción, con 1200, los servicios profesionales, con 800, y el agua y la energía, con poco más de 700.
