La Consejería de Agricultura ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre los efectos que puede tener la aplicación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) presentado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de Jaén, donde, a falta de algunos pagos pendientes, 82.621 agricultores y ganaderos recibieron en 2021 ayudas europeas por valor de 316,4 millones de euros. La principal conclusión de este informe es que Jaén se encuentra entre las provincias más castigadas por el nuevo modelo de aplicación de la PAC propuesto por el Ministerio para el próximo marco europeo (2023-2027). Esto se debe, entre otras cuestiones, a que el Plan Estratégico Nacional que España ha presentado a Bruselas impone mayores exigencias ambientales a los productores agrarios que afectan especialmente a las explotaciones olivareras, con gran peso en el territorio jiennense.
Hasta la fecha, los titulares de estas fincas han podido solicitar automáticamente el Pago Verde de la PAC en base a la función medioambiental y climática de los olivos, que contribuyen a la protección del suelo y de la biodiversidad, al tiempo que sirven como sumidero de carbono. Pero, a partir de ahora, los cultivos permanentes como el olivar no serán en sí mismos un eco-régimen, como ha solicitado el Gobierno andaluz reiteradamente durante el período de negociación de las nuevas bases de aplicación de la política europea. En consecuencia, estos agricultores no podrán acceder de forma automática a los fondos relativos a esta nueva figura que sustituye al Pago Verde en 2023-2027.
Por el contrario, para recibir estos recursos deberán demostrar que cumplen con los nuevos requisitos que establece el Plan Nacional Estratégico, que se basa exclusivamente en la pendiente del terreno para definir los cultivos leñosos. Esta modificación conllevará, según las estimaciones del Gobierno autonómico, que los olivareros de las Sierra Mágina, Sur y Morena, de La Loma o de las campiña del Norte y del Sur de Jaén, entre otras zonas, pierdan más del 20% de los recursos que han venido recibiendo a través del Pago Verde en marcos anteriores.
Asimismo, los productores jiennenses se verán afectados por la fuerte reducción del 60% en el número de regiones productivas de España (de 50 a 20) que, en el caso de los cultivos permanentes, como el olivar, supone un descenso de casi el 78% al bajar de 18 a 4. Desde el Gobierno andaluz, se ha informado al Ejecutivo central en reiteradas ocasiones de que esta modificación impide que la nueva PAC responda a la diversidad productiva de cultivos leñosos del país y de la Comunidad Autónoma andaluza, que es el territorio que más ayudas percibe. En concreto, este cambio provocará que comarcas jiennenses como La Loma, Sierra de Segura, Sierra de Cazorla o El Condado sufran pérdidas en las ayudas básicas a la renta de 2023-2027 que, según las estimaciones de la Consejería de Agricultura, podrían superar el 10%.
Alianza con el sector
Durante el proceso de diseño del Plan Estratégico Nacional de la PAC, la Junta de Andalucía ha defendido unas posiciones claras y consensuadas con el sector agrario, como quedó plasmado en la declaración institucional firmada entre el Gobierno andaluz, las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en septiembre de 2020. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha realizado numerosas aportaciones en los debates celebrados entre el Ministerio del ramo y las comunidades autónomas españolas encaminadas a lograr que el nuevo texto respondiera a los retos de futuro del campo y se adaptara a la diversidad de la agricultura española.
Entre las reivindicaciones de la Junta, se encuentra la petición de que cualquier propuesta de cambio en los instrumentos estuviera acompañada de estudios de impacto que analizaran las consecuencias económicas, sociales y medioambientales sobre los diferentes sectores y los territorios.
El Gobierno andaluz ha defendido siempre la importancia de contar para el próximo período con una PAC estable en el tiempo, que apoye la resiliencia de las explotaciones agrarias y las industrias agroalimentarias de la región, y que refleje la amplia variedad de Andalucía. Por esta razón, la Consejería de Agricultura no apoya la versión inicial del Plan Estratégico Nacional enviado a finales de 2021 a Bruselas al tratarse de un documento que no cuenta con el consenso de las comunidades autónomas ni del sector español y que, en el caso concreto de Andalucía, provocará una importante reducción de los fondos europeos en zonas donde el sector primario tienen un gran peso en la economía local.
