Proceso de movilizaciones en toda España

La práctica totalidad de los agricultores y ganaderos están inmersos en una grave crisis de rentabilidad. Ese desequilibrio de la cadena agroalimentaria está llevando al límite a miles de familias que se dedican a la producción de alimentos en toda España. A ello se suman los anuncios de recortes en las ayudas provenientes de la Unión Europea, la imposición de barreras comerciales a nivel global que ponen trabas a las exportaciones. A este contexto, repleto de hostilidades, se suman los resultados del año 2019, uno de los más negativos que se recuerdan para el sector, con una pérdida de renta agraria cercana al 9%, y con constantes noticias en muy diversos ámbitos que configuran una “coyuntura dramática” para los agricultores y ganaderos. “Urge tomar medidas de apoyo ante los ataques que estamos sufriendo”, han explicado desde las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA en un comunicado conjunto. “No podemos esperar ni un día más”, aseguran. Las organizaciones quieren lanzar un “mensaje rotundo” a las Administraciones a todos los niveles: comunitario, nacional y regional, así como al resto de los actores de la cadena agroalimentaria.

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ASAJA-Jaén considera fuera de lugar la movilización convocada por una parte minoritaria del sector del aceite de oliva

aceituna en almazaraJaén, a 03 de julio de 2019. ASAJA-Jaén considera una irresponsabilidad y un acto fuera de lugar la movilización convocada por una parte minoritaria del sector del aceite. Insiste en que falta unidad y considera un riesgo manifestarse contra los que nos están tendiendo la mano para frenar la caída del precio del aceite de oliva. Recuerda que la administración andaluza apenas tiene competencias en este ámbito y que ya ha manifestado a través de una declaración institucional todas las medidas que, dentro de su alcance, está poniendo en marcha para ayudar al sector, además de instar al Gobierno central, sobre el que recae el grueso de las competencias, a que defienda en Bruselas medidas reales de autorregulación. Por su parte, el Gobierno de España, pese a estar en funciones, trabaja codo a codo con el sector para estas mismas medidas.

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