Recientemente ha tenido lugar una reunión para presentar un estudio sobre el Sistema de Comercio de Emisiones Agrícolas (AgETS) donde han participado representantes de la DG CLIMA y la DG AGRI. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de atajar el cambio climático es un imperativo de la sociedad en su conjunto, en la que el sector agropecuario cumple una función decisiva. Si bien la intensidad de las emisiones del sector agrario (emisiones de GEI por kilogramo de producto) ha disminuido notablemente en las últimas décadas, cabe recordar que el sector funciona dentro de un sistema abierto compuesto por suelos, plantas y animales; por lo tanto, la descarbonización del sector plantea retos únicos. La complejidad excepcional de este sector requiere un planteamiento diferente al de los demás sectores. Christian Holzleitner (DG CLIMA) ha defendido que los agricultores deben de tener la oportunidad para invertir de manera regulada y así poder obtener beneficios propios y para la sociedad. La transición en pos de prácticas agropecuarias hipocarbónicas necesitará tiempo e ingentes inversiones. Sin embargo, en algunos sectores tan solo se podrá lograr una reducción de las emisiones limitada. Las recientes manifestaciones de agricultores en toda la Unión Europea pusieron de manifiesto la frustración ante las numerosas dificultades añadidas y la pérdida de ingresos que sufre esta profesión. Es de vital importancia que la Comisión Europea tome en consideración el contexto actual y se abstenga de imponer restricciones insostenibles para los agricultores y ganaderos. Las principales cuestiones todavía sin resolver son quién financiará estos empeños y cómo lograr la descarbonización.
Pese a que el sector agropecuario sea un sector de difícil neutralización de las emisiones, cumple una función polifacética en la lucha por atajar el cambio climático gracias a una combinación de estrategias de mitigación y de adaptación. Pero la transición ecológica (o transición verde) precisa de colaboración, de un reparto proporcional de la carga, además de incentivos adecuados para apoyar a los agricultores, ganaderos y a las cooperativas agrarias en favor de prácticas todavía más sostenibles. El estudio que se titula “La tarificación de las emisiones agrícolas y la retribución de la acción por el clima en la cadena de valor agroalimentaria” (en lo sucesivo, el estudio del Régimen de comercio de derechos de emisión agrario (RCDE, por sus siglas) propone una horquilla de tarifas para las emisiones agroalimentarias. Este documento ofrece reflexiones preliminares sobre el estudio de la tarificación de las emisiones agroalimentarias a través de un RCDE agrario.
Según la Dirección General de Clima de la Comisión Europea, las tres claves para alcanzar la neutralidad climática son la instalación de energías renovables, la gestión industrial del carbono y la bioeconomía.
Las previsiones de la Comisión Europea son de reducir en un 90% las emisiones netas en 2040 (comparado con 1990), si se cumplen los objetivos medioambientales marcados a través de la implementación de la legislación en este ámbito. Calculan que 300 millones de toneladas de GEI del total de 850 provienen de los fertilizantes y la ganadería, mientras que 160 provienen de la industria. Una de las principales medidas que la Comisión Europea está impulsando es la Regulación de la Absorción de Carbono y el Cultivo de Carbono, a través de un Sistema Agrícola de
Comercio de Carbono (ETS, por sus siglas en inglés), bajo la máxima “quien emite paga y quien absorbe cobra”. Esta regulación se centra en tres áreas: la reducción de emisiones de tierra, mediante el uso eficiente de fertilizantes y la rehumectación de turberas; la absorción de carbono en suelos y bosques; y la reducción de emisiones en la ganadería. Asimismo, este sistema
sigue un flujo de arriba hacia abajo, donde la industria agroalimentaria tendrá objetivos de reducción de emisiones a cumplir de forma obligatoria o voluntaria.
Por su lado, los agricultores participarán de forma voluntaria en este sistema de absorción de carbono, pudiendo suponer una nueva fuente adicional de ingresos y ayudas públicas. Los agricultores podrán acreditar el balance de emisiones y absorciones de su actividad y las entidades acreditadas podrán presentar estos certificados de producción para lograr sus compromisos medioambientales. Los ETS agroalimentarios ascendentes y descendentes podrían facilitar nuevos acuerdos verticales en la cadena de valor agroalimentaria e incentivar la innovación. Igualmente, las implicaciones que tendría este sistema para la ciudadanía pueden ser:
– Incremento de los precios.
– Impacto en las conductas alimentarias y dietas saludables.
– Impacto para las explotaciones pequeñas y medianas.
