La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA ), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, ha publicado por primera vez desde que se aprobara la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria el 2 de diciembre de 2021 no solo las sanciones sino los nombres de las empresas que han sido multadas por incumplimientos de las normas de esta ley del primer trimestre de 2023, según recoge Agroinformacion. Y los datos sorprenden por la escasa cuantía de las sanciones (alrededor de 200.000 euros cuando, por ejemplo, en 2021 había sido casi medio millón de euros) pero sí el mayor número de empresas, industrias y grandes superficies multadas (69 en este primer trimestre por las 95 sanciones del primer semestre del pasado año).
Donde no hay variaciones significativas es en los motivos de las sanciones, ya que algo más de la mitad de las sanciones se deben a incumplimiento de los plazos de pagos, seguido por no formalizar por escrito los contratos alimentarios o no incorporar el precio, que aglutinan casi el 30% de las sanciones. También destaca una sanción a una bodega por modificar el precio incluido en el contrato que no estaban expresamente pactada por las partes, lo que ha acarreado una multa de 3.001 euro.
El documento (al que se puede acceder en la página web de la AICA aquí, ya que es público) incluye el importe total de las sanciones impuestas a cada una de las infracciones y los nombres de los infractores.
Sobresale entre los sancionados la aparición de supermercados o filiales de gran peso, como Carrefour o Dia, a las que se les multa por un incumplimiento de los pagos a proveedores, fijados por la legislación en un máximo de 60 días.
En concreto, se impone una multa de 3.001 euros a Centros Comerciales Carrefour y dos a DIA Retail España, también una 3.001 euros y otra multa mayor de 3.899,12 euros. Se trata de sanciones firmes por vía administrativa o vía contencioso-administrativa que responden a la reforma aprobada a finales de 2021 de la Ley 12/2013, con la que se persigue lograr justo reparto de los costes del sector y mejorar las condiciones del productor. No se especifican detalles más concretos sobre la demora de los pagos ni quiénes son los proveedores afectados.
