El Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto ley Decreto-Ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplían las medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional de sequía en las demarcaciones intracomunitarias. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, se ha congratulado por esta ratificación que otorgará certidumbre y liquidez al sector agrario y pesquero para hacer frente a una situación límite. Crespo ha indicado que se trata de un decreto “sin precedentes” y de suma importancia para el futuro. La Junta de Andalucía moviliza 141,5 millones de euros para ayudar a agricultores, ganaderos y pescadores, “que lo están pasando mal” no solo por la falta de precipitaciones, sino por el alza de los costes de producción y las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania.
Los embalses de las cuencas intracomunitarias, que representan el 33% de Andalucía, están al 44,18% de su capacidad pero repartido de forma desigual. Las últimas lluvias han supuesto un alivio al permitir recoger 225 hm³ (+5,7%), pero no solventan la situación. De ahí que el decreto destine 125 millones de euros a ejecución de infraestructuras “con las que vamos a ampliar hasta en 120 hm³ los recursos hídricos adicionales” entre aguas regeneradas, desaladas y subterráneas en las zonas más afectadas por la sequía. El objetivo es aminorar un problema que “en estos momentos está lastrando las posibilidades económicas, de empleo y de futuro de Andalucía”.
Apoyo al sector primario
De forma adicional, el decreto incluye bonificaciones y exenciones de tasas a agricultores y pescadores. Así, los regantes que tienen reducida su dotación de agua en más de un 50% le eximimos del canon y de la tarifa al 100%. Y para la ganadería, el sector más afectado por esta crisis y por los efectos de la guerra de Ucrania, se aprueba una convocatoria de ayudas para la construcción de abrevaderos y balsas.
El decreto plantea también la estructura de las ayudas de mínimos tanto de agricultores y ganaderos como de pescadores.
Además, el decreto incluye la bonificación hasta el 31 de diciembre del 30% de la cuota por expedición de licencia de caza en Andalucía para residentes en la comunidad que no están federadas. Un acuerdo que se suma a la bonificación del 50% para cazadores federados, que en el caso de los menores de 18 años alcanza el 80%.
