Asaja entiende que, a pesar del clima enrarecido, las conversaciones sobre la futura Política Agraria Común (PAC) deben retomarse si se quiere alcanzar un acuerdo político a tiempo, preferentemente antes de que finalice la presidencia portuguesa que dará paso a Eslovenia para presidir la UE en el segundo semestre. Así, se ha propuesto un intenso calendario de reuniones desde el gobierno portugués para el mes de junio con vista a un eventual acuerdo a finales de mes. Si todos los trabajos avanzan como se espera, el consejo de Agricultura de los días 28 y 29 de junio en Luxemburgo podría cerrar un acuerdo político y los trabajos podrían seguir avanzando, ya en otros niveles. A los pocos días de confirmarse el fracaso de las negociaciones en trílogos, la presidencia presentó un balance de la situación, de manera a poner a disposición de las partes un documento donde retomar las negociaciones interrumpidas la madrugada del 28 de mayo y con la vista puesta en el consejo que daría por finalizado su mandato a finales de junio, y que quieren cerrar con un acuerdo sobre la reforma
A pesar de que hay todavía bastantes y muy relevantes puntos de disenso entre los colegisladores, la Presidencia quiere también citar los puntos en donde si hubo consenso. Uno de ellos es relativo a la transferencia entre pilares, donde se acordó que no deben diluir la ambición medioambiental y que la delimitación de los pagos se realizará con posterioridad a la realización a las transferencias.
Los colegisladores también acordaron la delimitación del porcentaje de la ayuda de las intervenciones en el sector de las frutas y hortalizas que deberá estar vinculado a los objetivos climáticos y medioambientales, y que sería del 15%.
Sin embargo, hay desacuerdo en cuanto al porcentaje de la contribución del FEADER a los Planes Estratégicos que debe reservarse a las intervenciones en materia de medio ambiente y clima. Mientras que la Presidencia propone “al menos el 35%”, incluyendo las Zonas con Limitaciones Naturales (ZLN) y el Bienestar animal, ambas con una ponderación del 60% el Parlamento Europeo reclama un mínimo del 37%, que incluiría las Zonas con Limitaciones Naturales, con un factor de ponderación del 40%, y el bienestar animal, con un 60%.
Planes estratégicos
Es con seguridad el reglamento más polémico y donde las posiciones están más alejadas. A pesar de no haber obtenido un acuerdo, si parece que algunas posiciones en temas importantes se han ido acercando.
Convergencia Interna
Se trata de uno de los puntos esenciales donde hay posiciones claramente enfrentadas, Mientras que el Consejo propone elevar lo marcado en las propuestas de la Comisión y llegar a una convergencia del 85% del Valor medio nacional/regional en 2026, el Parlamento Europeo reclama una convergencia plena (100%) en 2026.
Arquitectura Verde
Las principales cuestiones pendientes son los Ecoesquemas, el porcentaje de los pagos directos destinado a este nuevo régimen (ring-fencing) y las flexibilidades correspondientes (Rebates), algunos aspectos de la condicionalidad reforzada y el cálculo del impacto climático de las medidas (tracking climático). En cuanto a los Ecoesquemas, la situación puede resumirse en:
En lo relativo a la delimitación del porcentaje de los pagos directos a destinar a los nuevos ecoesquemas, si bien podría haber un acuerdo en torno al 25% para todo el periodo, propuesto por la Presidencia, persisten divergencias en cuenta a las llamadas “flexibilidades” del sistema, tal y como acordó el Consejo de Octubre 2020.
Por un lado, el Consejo defiende un “suelo” del 18%. Por encima de este suelo, los fondos no utilizados podrían transferirse a otros pagos directos desacoplados. Por debajo de este suelo, cabrían 2 opciones:
transferir los fondos a otros pagos disociados y compensar en los años siguientes mediante una mayor planificación de los planes ecológicos o
perder los fondos no utilizados por debajo del mínimo y no tener que compensar en los años siguientes
El Parlamento Europeo, por su parte, eleva y limita en el tiempo este “suelo” al 22% en 2023 y al 23% en 2024, permitiendo compensar los fondos no utilizados por encima de este suelo en los últimos años.
La propuesta de la Presidencia mantendría el 25% de gastos de pagos directos durante todo el periodo como norma general, limitando las flexibilidades a los años de aprendizaje 2023 y 2024, con un suelo del 20%
Por encima de este suelo: se permite la plena utilización de los fondos no utilizados en 2023 y 2024 (entre el 20% y el 25%), dentro de los márgenes de los importes unitarios máximos, también para los Estados miembros con derechos de pago.
Por debajo del 20% en 2023, y 2024 y 25% a partir de 2025, se prevén unos mecanismos de compensación (los EM elegirían cual aplicarían):
– Compensación en el 1er pilar, hasta el final del periodo (2023-2027) mediante el refuerzo de los ecoesquemas;
– Compensación en el segundo pilar mediante transferencia temporal obligatoria para las intervenciones clasificadas como medioambientales y climáticas pérdida de fondos (esencialmente destinados a las pequeñas diferencias)
Otro punto de debate sin resolver es la introducción de un sistema de puntuación dentro de los ecoesquemas, que el Parlamento Europeo quiere que sea obligatorio para el Estado Miembro, mientras el Consejo defiende que sea voluntario. Respecto a la Condicionalidad Reforzada (Buenas Condiciones Agricolas y Medioambientales BCAM), si bien hay un principio de acuerdo en la BCAM4 sobre el establecimiento de franjas de protección a lo largo de los cursos de agua, con una anchura mínima de 3 metros y sin utilizar pesticidas ni fertilizantes, siguen algunos
debates abiertos, en especial en las BCAM 7, 8 y 9. En la BCAM7 (Ausencia de suelo desnudo en los períodos más sensibles), el PE rechaza la petición del Consejo de facilitar a los Estados Miembros la posibilidad de adaptar las normas mínimas en función de los periodos cortos de vegetación causados por la duración y la severidad del invierno.
En la BCAM8 (rotación de cultivos), y si bien hay acuerdo en cuanto a las excepciones a la práctica obligatoria de rotación en determinadas circunstancias (más o menos las mismas que en actual greening), otros puntos deben todavía ser debatidos, como la consideración de la diversificación como práctica equivalente a la rotación de cultivos, propuesta por la Presidencia del Consejo que el PE no ve con buenos ojos.
También hay diferencias en cuanto a la delimitación de las parcelas o la consideración de las prácticas de manejo de cultivos secundarios. El PE quiere incorporar un límite máximo de superficie para un determinado cultivo, para controlar la práctica del monocultivo. En cuanto a la BCAM9 (Superficies No Productivas), la Presidencia propone un mínimo del 4% de dichas características a nivel individual, sin proponer porcentajes a nivel de Estado Miembro, mientras que los eurodiputados quieren un 5% a nivel individual, y que la superficie mínima no productiva de las tierras de cultivo sea del 10% a nivel de los Estados miembro.
Si el agricultor decide voluntariamente dejar un mínimo del superior de su superficie arable (5% según propuesta del Consejo y 6% para el PE) como superficie no productiva, incluidos barbechos, en el régimen de ecoesquemas, el porcentaje a considerar a efectos de BCAM9 seria del 3%.
Tanto en la BCAM8 (Rotación de cultivos) como en la BCAM9 (Superficies no productivas), los colegisladores coinciden en fijar excepciones para las pequeñas explotaciones, si bien discrepan en la dimensión máxima (el Consejo sugiere 10 hectáreas, mientras que el Parlamento prefiere 5 hectáreas, al igual que la Comisión).
Orientación de las Ayudas
Podría haber acuerdo en un Pago Redistributivo obligatorio al que se destinaría un 10% del Total de los Pagos Directos, con posibilidad de no aplicación por parte de un Estado miembro que que demuestre que en su Plan Estratégico Nacional existen otros instrumentos que realizar esta tarea redistributiva, como la limitación del pago y la degresividad, el Sistema de Pequeños Productores. El Consejo quiere incluir en este punto la convergencia interna y la toma en consideración de las estructuras productivas existente, algo que el PE rechaza.
Ayudas acopladas
Mientras que la Presidencia mantiene el enfoque general del Consejo, adoptado en octubre de 2020, que se resumiría en el mantenimiento del 13% de límite de pagos acoplados al que se podría añadir un 2% para apoyo a los cultivos proteicos, el Parlamento Europeo prefiere la propuesta de la Comisión del 10% más el 2% de proteicos. Hay algunos debates sobre el mantenimiento de los cultivos proteicos sin justificación seguramente negociable con la inclusión de la patata (fécula, de mesa). Sin embargo, el Parlamento Europeo mantiene su oposición a que los toros utilizados
para lidia sean beneficiarios de ayudas acopladas.
La Dimensión Social de la PAC
Este punto, que no se encontraba en las propuestas de la Comisión, ni fue discutido en octubre de 2020 cuando ambos colegisladores alcanzaron sus acuerdos por separado, se ha introducido a instancias del PE estos últimos meses, y los eurodiputados, esencialmente los grupos políticos de izquierdas, han hecho de el una línea roja, de manera que la Presidencia ha ido realizando concesiones para avanzar en los debates. En este punto de la negociación, la Presidencia apoya la propuesta realizada por la Comisión de introducir un nuevo artículo sobre condicionalidad social, basada en los sistemas de control e inspección actualmente existentes en los servicios de inspección de trabajo nacionales, desconectándola de las acciones de control y penalizaciones del reglamento horizontal para no confundirla con la condicionalidad “tradicional” de la PAC. También podría ser introducido en las intervenciones sectoriales (y según el PE en otros artículos de la Reforma). Según el Consejo, esta nueva condicionalidad estaría vinculada a dos directivas, que el Consejo amplia a cuatro, incluyendo la de movilidad de los trabajadores y la de igualdad de trato.
El Consejo (y la Presidencia) propone su puesta en marcha en 2025, mientras que el PE quiere que se empiece a aplicar con la reforma, en 2023.
Alineamiento con el pacto verde y cálculo de impacto ambiental
Ambos colegisladores estarían de acuerdo en el objetivo de gasto medioambiental debería incluirse en la parte expositiva y no en el articulado. Sin embargo, el Consejo rechaza dar autorización a la Comisión para modificar el sistema de cálculo medioambiental y Climatico, reconocido internacionalmente tal y como está fijado actualmente y no debería modificarse durante la vigencia de los
Planes Estratégicos
El PE quiere que la Comisión evalúe antes de final de 2023 el alineamiento de los Planes con las estrategias “de la granja a la mesa” y “biodiversidad”. A continuación, la Comisión deberá evaluar el funcionamiento del nuevo modelo de ejecución y la contribución de los planes estratégicos a la consecución de los compromisos medioambientales y climáticos de la Unión. que se publicará antes de junio/diciembre de 2025. Inversiones en medioambiente y clima (Art 68 Rgto Planes Estratégicos). El PE quiere que al menos el 30% de los gastos de inversiones en el Pilar 2 se dediquen a objetivos climáticos y medioambientales (Objetivos específicos). Estos gastos tendrían un 100% de impacto a efectos de cálculo medioambiental y climático. Para el Consejo, estos temas deben ser objeto de un debate en profundidad. Estamos a poco más de 20 días para que finalice la presidencia portuguesa su mandato, y a pesar de que son todavía muchos los temas abiertos y el clima tras el fracaso de las negociaciones en trílogos a final del mes de mayo se ha enrarecido como pocas veces se había visto, fundamentalmente debido a las declaraciones de la Comisión, tanto del Vicepresidente Timmermans, como del Comisario Wojciechoswky, la presidenta del Consejo Agricila, Maria de Ceu Antunes mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo “in extremis” a finales de mes
