La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo informal para aprobar una nueva legislación sobre vigilancia del suelo con el objetivo de restaurar su salud de aquí a 2050. La norma, impulsada en el marco de la estrategia de contaminación cero de la Comisión Europea, ha sido negociada intensamente durante los últimos meses y, tras los trílogos entre Parlamento, Consejo y Comisión, ha logrado finalmente algo esencial para el campo: no impondrá nuevas obligaciones a agricultores ni gestores de tierras. Una redacción final que, como ha venido defendiendo ASAJA durante todo el proceso de negociación en Bruselas, supone un alivio para los profesionales del campo, al tiempo que reconoce su papel como aliados fundamentales en la conservación de los suelos. «Proporcionarles mejor información y ayuda más eficaz, al tiempo que se evitan cargas administrativas y nuevas obligaciones, son las principales características de esta nueva legislación», subrayó el eurodiputado Martin Hojsík, ponente del texto en la Eurocámara. Una declaración que pone negro sobre blanco la importancia del trabajo de lobby desarrollado por ASAJA en las instituciones europeas, de la mano de la organización alemana DBV, donde se ha batallado para que los esfuerzos en sostenibilidad no se traduzcan en una mayor carga burocrática.
La Ley de Vigilancia del Suelo armonizará los sistemas de seguimiento en toda la UE mediante una metodología común para evaluar el estado físico, químico y biológico del suelo. Se estima que entre el 60 y el 70 % de los suelos en Europa están degradados, una situación que contribuye a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y que le cuesta a la UE al menos 50.000 millones de euros anuales en servicios ecosistémicos perdidos, según datos de la Comisión. No obstante, la directiva opta por un enfoque flexible y realista, dejando en manos de los Estados miembros la fijación de objetivos sostenibles no vinculantes, adaptados a las condiciones locales y al nivel de degradación de cada territorio. En lugar de imponer restricciones, se plantea una estrategia de acompañamiento que incluye asesoramiento, formación, promoción de la innovación y apoyo financiero y técnico, especialmente a través del programa LUCAS Soils. Además, se reconoce la necesidad de evaluar periódicamente las necesidades económicas de agricultores y silvicultores para lograr estos fines, incorporando también acciones de concienciación sobre la resiliencia del suelo.
Uno de los elementos más relevantes de la normativa es la elaboración, en un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor, de una lista indicativa de sustancias emergentes contaminantes, como los PFAS y ciertos fitosanitarios. Y en un horizonte de diez años, los Estados deberán elaborar una lista pública de sitios potencialmente contaminados, con obligación de intervenir si existe un riesgo inaceptable para la salud humana o el medioambiente. ASAJA celebra que el texto final haya respetado su principal reivindicación: proteger el suelo sin castigar al agricultor. La organización agraria ha estado presente desde el inicio del debate legislativo, aportando datos, propuestas técnicas y la realidad del terreno, con el objetivo de que las instituciones europeas legislen de forma ambiciosa, pero también justa. El acuerdo deberá ser ahora confirmado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo, pero el camino recorrido ya deja una conclusión clara: la voz del campo, si se escucha con fuerza y argumentos, puede influir en Europa. Y ASAJA ha vuelto a demostrar que sabe cómo hacerlo.
La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo informal para aprobar una nueva legislación sobre vigilancia del suelo con el objetivo de restaurar su salud de aquí a 2050. La norma, impulsada en el marco de la estrategia de contaminación cero de la Comisión Europea, ha sido negociada intensamente durante los últimos meses y, tras los trílogos entre Parlamento, Consejo y Comisión, ha logrado finalmente algo esencial para el campo: no impondrá nuevas obligaciones a agricultores ni gestores de tierras.
Una redacción final que, como ha venido defendiendo ASAJA durante todo el proceso de negociación en Bruselas, supone un alivio para los profesionales del campo, al tiempo que reconoce su papel como aliados fundamentales en la conservación de los suelos. «Proporcionarles mejor información y ayuda más eficaz, al tiempo que se evitan cargas administrativas y nuevas obligaciones, son las principales características de esta nueva legislación», subrayó el eurodiputado Martin Hojsík, ponente del texto en la Eurocámara. Una declaración que pone negro sobre blanco la importancia del trabajo de lobby desarrollado por ASAJA en las instituciones europeas, de la mano de la organización alemana DBV, donde se ha batallado para que los esfuerzos en sostenibilidad no se traduzcan en una mayor carga burocrática.
Enfoque flexible y realista
La Ley de Vigilancia del Suelo armonizará los sistemas de seguimiento en toda la UE mediante una metodología común para evaluar el estado físico, químico y biológico del suelo. Se estima que entre el 60 y el 70% de los suelos en Europa están degradados, una situación que contribuye a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y que le cuesta a la UE al menos 50.000 millones de euros anuales en servicios ecosistémicos perdidos, según datos de la Comisión. No obstante, la directiva opta por un enfoque flexible y realista, dejando en manos de los Estados miembros la fijación de objetivos sostenibles no vinculantes, adaptados a las condiciones locales y al nivel de degradación de cada territorio. En lugar de imponer restricciones, se plantea una estrategia de acompañamiento que incluye asesoramiento, formación, promoción de la innovación y apoyo financiero y técnico, especialmente a través del programa LUCAS Soils. Además, se reconoce la necesidad de evaluar periódicamente las necesidades económicas de agricultores y silvicultores para lograr estos fines, incorporando también acciones de concienciación sobre la resiliencia del suelo.
Uno de los elementos más relevantes de la normativa es la elaboración, en un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor, de una lista indicativa de sustancias emergentes contaminantes, como los PFAS y ciertos fitosanitarios. Y en un horizonte de diez años, los Estados deberán elaborar una lista pública de sitios potencialmente contaminados, con obligación de intervenir si existe un riesgo inaceptable para la salud humana o el medioambiente.
ASAJA celebra que el texto final haya respetado su principal reivindicación: proteger el suelo sin castigar al agricultor. La organización agraria ha estado presente desde el inicio del debate legislativo, aportando datos, propuestas técnicas y la realidad del terreno, con el objetivo de que las instituciones europeas legislen de forma ambiciosa, pero también justa. El acuerdo deberá ser ahora confirmado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo, pero el camino recorrido ya deja una conclusión clara: la voz del campo, si se escucha con fuerza y argumentos, puede influir en Europa. Y ASAJA ha vuelto a demostrar que sabe cómo hacerlo.
