Posición común del sector agrario andaluz ante el acuerdo UE-Mercosur

El acuerdo propuesto entre la UE y el Mercosur consta de un pilar político y de cooperación, y un pilar comercial. Tal y como ha anunciado la Comisión, los documentos oficiales se publicarán en línea en los próximos días. Tras una revisión jurídica definitiva por ambas partes, el texto se traducirá a todas las lenguas oficiales de la UE y, a continuación, se presentará al Consejo y al Parlamento para su aprobación. La parte comercial del citado acuerdo incluye la liberación de los intercambios de mercancías, incluido los productos agroalimentarios, entre ambos bloques económicos. Los países del Mercosur, especialmente Argentina y Brasil tienen un gran potencial de producción agrario por lo que el Acuerdo tendrá un fuerte impacto en el sector agroalimentario de la UE. Además, es preciso tener en cuenta que los productores agrarios de estos países disponen para su actividad productiva de herramientas de las que no disponen los agricultores y ganaderos europeos, lo que les confiere ventajas competitivas. 

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Presidencia de la UE: la PAC en el centro de las prioridades de Polonia para 2025

En vísperas de su segunda presidencia del Consejo de la UE, que comienza este mes de enero, Polonia dio a conocer su programa. En lo que respecta a la agricultura, según recoge Agropopular, el primer semestre de 2025 se centrará en la preparación de la próxima PAC y en reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.

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El Parlamento Europeo apoya facilitar el uso de fondos de la UE para reconstruir tras desastres naturales

En virtud del reglamento RESTORE para el apoyo de emergencia regional para la reconstrucción, los países de la UE podrán canalizar más fácilmente los fondos europeos de desarrollo regional (FEDER) y los fondos de cohesión hacia la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes naturales. El dinero del FEDER podrá financiar hasta el 95% de la cuantía de los proyectos de recuperación. Para proporcionar liquidez rápida a los necesitados, también será posible una prefinanciación adicional de hasta el 25% del importe total. La propuesta prevé además el uso más flexible del Fondo Social Europeo Plus para financiar contratos de trabajo de corta duración, apoyar el acceso a la asistencia sanitaria y satisfacer necesidades básicas.

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Por una mayor transparencia y medidas compensatorias frente al acuerdo UE-Mercosur

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este martes que la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias piden al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de forma unánime mayor transparencia y medidas compensatorias frente al acuerdo UE-Mercosur alcanzado hace más de una semana. Fernández-Pacheco se ha referido a este asunto antes de presidir el Consejo de Dirección Ampliado de la Consejería de Agricultura. En su atención a medios ha asegurado que “hay mucho trabajo por delante, pero también que se ha avanzado mucho para ayudar a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Unos logros que hemos conseguido gracias a la colaboración y entendimiento con las organizaciones agrarias, las cofradías de pescadores y las organizaciones sindicales”. Precisamente, ha remarcado que “en esa senda de diálogo y colaboración, desde la Junta de Andalucía se ha consensuado junto a las organizaciones agrarias un documento de posición común del sector agrario andaluz ante el acuerdo UE-Mercosur en el que pedimos al Gobierno central y a Europa una mayor transparencia sobre todos los elementos incluidos en el acuerdo que afectan al sector agroalimentario”.

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Una nueva herramienta para la gestión sostenible del suelo en la UE

La Unión Europea (UE) se ha marcado el objetivo de lograr suelos sanos en Europa para el año 2050. Se trata de un reto ambicioso teniendo en cuenta que, según el Consejo Europeo, el 60% de los suelos de la Unión está degradado o se considera en un estado no saludable. La inminente aprobación de la Ley de Vigilancia del Suelo por parte de la UE va a marcar un antes y un después en la implementación de políticas para una gestión sostenible de este recurso, tan esencial para la vida como el aire o el agua pero que hasta ahora no había contado con una normativa específica para protegerlo. El primer paso es supervisar y evaluar la salud de todos los suelos, un deber que recae en los Estados miembros y que permitirá después diseñar políticas de protección y gestión sostenible adaptadas a sus especificidades. No se trata de una tarea sencilla: para que las administraciones competentes puedan aplicar políticas concretas deberán conocer antes cómo son los suelos que componen sus territorios, por lo que es fundamental contar con información detallada para mejorar la gestión de este recurso. En este contexto, un equipo internacional experto en ciencias del suelo ha propuesto una serie de recomendaciones que puedan servir de apoyo a esas decisiones. El grupo está compuesto por 28 investigadores e investigadoras de diez Estados, y en él la representación española corre a cargo de la Universidad de Córdoba a través de dos investigadores de la Unidad de Excelencia María de Maeztu Departamento de Agronomía (DAUCO): Tom Vanwalleghem, del grupo de Hidrología e Hidráulica Agrícola, y Antonio Rafael Sánchez Rodríguez, de la Unidad de Edafología.

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